Los límites de CO2 de la Comisión, inalcanzables


Al menos, eso es lo que opinan los fabricantes europeos de automóviles, que se han manifestado por medio del presidente de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Sergio Marchionne. Así, alcanzar la media de 130 gramos de CO2 por kilómetro sólo con mejoras tecnológicas de la industria, tal y como pretende la Comisión Europea es, cuanto menos “prohibitivo” y supone un esfuerzo que “los fabricantes no pueden afrontarlo solos”.

Tubo de escape de un vehículo


Este es un debate interesante. Y es que los ministros de Medio Ambiente de la UE respaldaron el pasado febrero una propuesta de la Comisión Europea para reducir por ley las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) hasta 120 gramos por kilómetro a partir de 2012. Este recorte tenía sus partes ejecutoras: la industria soporta un recorte de hasta 130 gramos por kilómetro (algo por ahora alcanzable) y los diez gramos adicionales se reducen con nuevos desarrollos en sectores relacionados (léase combustibles, neumáticos, etc…)

Marchionne puso como ejemplo de esfuerzo de la industria, el que cien coches actuales envían a la atmósfera la misma cantidad de dióxido de carbono que un automóvil medio construido en los años 70. Para asegurar después que el nuevo esfuerzo que se les pide es difícil de asumir.

Lo cierto es que en un época de “vacas flacas”, con los problemas que tiene la industria (véase SEAT, Delphi, etc.), pedir más esfuerzos, que necesariamente se traducen en inversiones, es complejo. Sobre todo cuando parece que no cala en el consumidor europeo el tema de “pagar más”, por contaminar menos, lo cual hace que rentabilizar las inversiones sea difícil (todo el mundo tiene en mente la competencia de los mercados asiáticos, por mucho arancel, compromisos de cumplir la normativa anticontaminación, y otras trabas que se impongan).

Un ejemplo de esto es que las mismas medidas encaminadas a derivar la compra de coches hacia modelos menos contaminantes, no terminen de imponerse. Quizás esto se deba a que en algunos sitios países (España por supuesto), sólo funcionen las cosas si son por ley.

Vía La Vanguardia

    

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